TRASCENDENTE SENTENCIA JUDICIAL: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TRATA LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA.

 

En una resolución súmamente interesante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella se refiere a "derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea".

 

Como bien explica la Corte, "ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es

común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño".

 

Además, la Corte, frente a la falta de regulación, decide tomar el toro por las astas y darle una regulación de base jurisprudencial, así como en su momento se hiciera con el amparo en el caso "Siri" y "Kot" en la década de 1950.

 

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HALABI ERNESTO C/ PEN - LEY 25873 DTO 1563/04 - s/ amparo ley 16.986.

(REX) S.C. H.270, L.XLII.

 

Dictamen de la Procuración General de la Nación

 

 

S u p r e m a C o r t e :

- I -

A fs. 109/116, la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II) resolvió confirmar

el pronunciamiento que había hecho lugar a la acción de

amparo entablada por Ernesto Halabi -letrado en causa propia y,

en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la ley

25.873 (arts. 11 y 21) y del decreto 1563/04, que imponen a los

prestadores de servicios de telecomunicaciones la captación y

derivación de las comunicaciones que transmiten, para su

observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del

Ministerio Público, de acuerdo con la legislación vigente.

En primer término, y desde el punto de vista formal,

los integrantes de la Sala declararon desierto el recurso de

apelación planteado por el Estado Nacional (arts. 265 y 266

del CPCCN) contra el pronunciamiento de la jueza de primera

instancia. Consideraron que el memorial del apelante no

cumplía con los recaudos establecidos en las normas del rito,

en razón de que el Estado se limitaba a reiterar planteos

formulados con anterioridad, los que ya habían merecido un

pormenorizado examen por parte de la magistrada.

Sin perjuicio de ello, y dada la trascendencia de la

cuestión debatida en autos, manifestaron que considerarían los

argumentos desarrollados en defensa de las normas cuestionadas.

En ese orden, y después de examinar la admisibilidad

de la vía del amparo elegida por el accionante, entraron al

fondo del planteo sub examine.

A tal fin, hicieron suyos los fundamentos del fallo

de primera instancia, en torno a: (i) la falta de debate legislativo

para el dictado de la ley; (ii) los antecedentes del

derecho comparado, en los cuales las distintas legislaciones

tomaron las precauciones del caso para no incurrir en

violaciones al derecho a la intimidad -por ejemplo, limitaron

el tiempo de guarda de datos de tráfico-; (iii) la necesidad

de que la ley sea motivada y fundada; (iv) la vaguedad de

muchas de las previsiones contenidas en la ley; (v) los puntos

en que los datos de tráfico anudan con el contenido de las

comunicaciones; (vi) el riesgo cierto de que los datos

personales sean utilizados para fines distintos de aquellos

previstos en la norma y (vii) la vulneración de principios y

límites que hacen a la esencia misma del Estado de Derecho, en

lo que concierne al decreto 1563/04, por haber abdicado el

Congreso de sus facultades propias, como el Poder Ejecutivo

por haberse excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria,

ya sea que se lo considere como un reglamento de ejecución

o bien delegado.

Sostuvieron así, que las normas impugnadas transgreden

las disposiciones de los arts. 18 y 19 de la Constitución

Nacional, en cuanto establecen, respectivamente, la inviolabilidad

de la correspondencia y excluyen de la autoridad

de los magistrados las acciones privadas de los hombres que no

ofendan a la moral y al orden público; las de la Convención

Americana de Derechos Humanos -aprobada por la ley 23.054- (de

jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22), que reconocen los

derechos a la honra y a la dignidad y a que nadie pueda ser

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida

privada, en la de su familia, en su domicilio, ni en su

correspondencia (art. 11, incs. 11 y 21) y las estipulaciones

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

-aprobado por la ley 23.313 y con igual jerarquía que la

Constitución- que reconoce el derecho a la intimidad (art. 17,

inc. 11).

Después de efectuar consideraciones en torno a la

importancia de la protección al derecho de privacidad, en

cuanto éste debe ser reconocido como uno de los mayores valores

del respeto a la dignidad y un rasgo diferencial entre el

Estado de Derecho democrático y las formas políticas autoritarias

y totalitarias, señalaron que la intromisión estatal en

ellos sólo podría justificarse sobre la base de ponderar

juicios que sean capaces de demostrar que las restricciones

conciernen a la subsistencia de la propia sociedad.

Interpretaron que el art. 18 de la Constitución

Nacional, cuando consagra la inviolabilidad de la correspondencia

epistolar, extiende su protección a otros medios de

comunicación distintos del allí previsto. Desde ese ángulo

:prosiguieron- la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica,

al fallar en el caso "Katz vs. United States", en

el que se discutía la validez de ciertas escuchas por parte de

agentes del FBI de llamadas efectuadas por una persona desde

una cabina de teléfono público sin mediar autorización

judicial, resolvió que las comunicaciones telefónicas se encontraban

amparadas en la cuarta enmienda constitucional

-análogo al art. 18 citado de nuestra Constitución-. En ese

sentido, el justice Stewart recordó que desde tal óptica no

bastaba con obtener una autorización judicial para efectuar

válidamente una escucha telefónica, sino que, además, debían

concurrir circunstancias precisas y discriminadas, imputarse

concretamente la comisión de un delito en particular y efectuarse

la intervención con el único fin de comprobar la veracidad

de las alegaciones.

Por otra parte, expresaron que la apoderada del

Estado Nacional, al invocar la contraposición y la prevalencia

del interés general sobre el interés privado, prescindió de

tomar en cuenta que en un régimen republicano hay ocasiones

-más aún cuando se trata del derecho a la intimidad- en que la

satisfacción de la necesidad pública está dada, justamente,

por el respeto estricto del interés privado de cada uno de los

ciudadanos.

Aseveraron que, aun cuando se señala que la ley

25.873 y su decreto reglamentario han centrado su objetivo en

la necesidad de combatir el flagelo de la delincuencia, tal

finalidad no puede ser cumplida a costa de convertir a todos

los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo

en el cual todas sus telecomunicaciones sean captadas

para su eventual observación remota y registradas en una base

de datos que ni siquiera pertenece a un órgano estatal.

Estimaron que la ley en cuestión pone bajo sospecha

a todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones

por el amplísimo término de 10 años, circunstancia que se

agrava en materia de comunicaciones digitales que pasan por la

red, pues todos los movimientos quedarían registrados durante

ese tiempo.

Por último establecieron, por mayoría, que la inconstitucionalidad

declarada tendría efectos erga omnes, pues,

según entendieron, la derivación lógica de admitir el carácter

colectivo de la controversia era que el control de

constitucionalidad ejercido debía alcanzar a todos los usuarios

que se encontraran en la misma condición que el actor.

- II -

Disconforme con ese pronunciamiento, el Estado Nacional

interpuso el recurso extraordinario de fs. 120/126 que

fue concedido por el a quo, al hallarse debatido el alcance e

interpretación de una norma federal (art. 14, inc. 11 de la ley

48) (fs. 156).

A su juicio, la decisión apelada no constituye una

derivación razonada del derecho vigente con particular

aplicación a las circunstancias de la causa, le produce agravios

de imposible reparación ulterior, a la vez que, por su magnitud,

proyecta efectos sobre la comunidad.

Se agravia de los efectos erga omnes que la alzada

asigna a su sentencia. Manifiesta que el a quo omitió examinar

lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional con

referencia a quiénes se encuentran legitimados para accionar

cuando están involucrados derechos de incidencia colectiva.

En tal sentido, afirma que la circunstancia de que

la causa afectara derechos colectivos no autorizaba al tribunal

a dictar una sentencia con alcance general si se tiene

en cuenta que quien había accionado no era el Defensor del

Pueblo ni una asociación protectora de los derechos de los

usuarios y consumidores.

- III -

Considero que el recurso extraordinario deducido es

admisible en la medida en que se cuestiona la validez e interpretación

de una ley del Congreso (ley 25.873) y de un acto

de autoridad nacional (decreto 1563/04) bajo la pretensión de

ser contrarios a los principios, derechos y garantías

consagrados en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y

la sentencia definitiva del superior tribunal fue contraria a

las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 11 y 31 de la ley

48).

Asimismo, al encontrarse en discusión el alcance que

cabe asignar a una norma de derecho federal, la Corte no se

encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las

partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una

declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553;

314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros).

- IV -

El actor pretende la declaración de inconstitucionalidad

de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario

1563/04.

Vale tener presente que dicho ordenamiento legal

incorporó a la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 -Capítulo

I, del Título III- los arts. 45 bis, 45 ter y 45 quáter,

que se refieren, básicamente, a la obligación impuesta a

los prestadores de servicios de telecomunicaciones de captar y

derivar las comunicaciones que transmiten para su observación

remota, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente,

a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público.

A tal fin, se dispuso que "Todo prestador de servicios

de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos

humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación

de las comunicaciones que transmiten, para su observación

remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio

Público de conformidad con la legislación vigente.

"Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán

soportar los costos derivados de dicha obligación y dar

inmediato cumplimiento a la misma a toda hora y todos los días

del año.

"El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones

técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de

servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y

derivación de las comunicaciones para su observación remota

por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público" (confr.

art. 45 bis).

"Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán

registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios

de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico

de comunicaciones cursadas por los mismos para su consulta

sin cargo por parte del Poder Judicial o del Ministerio

Público de conformidad con la legislación vigente. La información

referida en el presente deberá ser conservada por los

prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de

diez años" (confr. art. 45 ter).

Ante todo, es importante destacar que las obligaciones

que impone dicha ley están referidas a las telecomunicaciones

en general, definidas en la ley 19.798 como toda

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes,

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo,

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas

electromagnéticos, entendiéndose como correspondencia de telecomunicaciones

a toda comunicación que se efectúe por medios

de telecomunicaciones públicos o privados autorizados (confr.

art. 2°).

En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo

del art. 45 bis antes transcripto de la ley 25.873, el Poder

Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 1563/04, reglamentó

los artículos incorporados a la ley 19.798, con la finalidad

de establecer las condiciones técnicas y de seguridad que

deberían cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones

en relación con las obligaciones legalmente impuestas.

Así pues, se regularon: a) las obligaciones de los

operadores y licenciatarios de servicios de telecomunicaciones;

b) lo referido a los eventuales reclamos administrativos

y a la vía judicial; c) la adecuación del equipamiento y las

tecnologías que se utilizan para la prestación de servicios de

telecomunicaciones, estableciéndose plazos para los requerimientos

de interceptación y de información, al igual que las

sanciones y d) la competencia del órgano del Estado legalmente

encargado de las verificaciones e inspecciones.

Con posterioridad, el Poder Ejecutivo, mediante el

decreto 357/05 (B.O. 25/4/2005), sobre la base de considerar

razones "de público conocimiento", suspendió sine die la

aplicación del decreto 1563/04 a los fines de permitir un

nuevo análisis del tema y de las consecuencias que su dictado

implicaban.

Ante ello, y habida cuenta de la doctrina del Tribunal

que enuncia que las sentencias de la Corte deben atender

a las circunstancias existentes al momento de su dictado, lo

cual resulta aplicable, también, a las decisiones en los

juicios de amparo (Fallos 323:3896; 325:1440; 327:488, 4990,

4905 y 5270, entre muchos otros), estimo que, al encontrarse

suspendida la aplicación del decreto 1563/04, en el momento

actual resulta inoficioso un pronunciamiento en tal sentido

(Fallos: 325:366 y 370), pues no existe agravio actual que

subsanar con la pretendida declaración.

- V -

Sentado lo que antecede, corresponde examinar el

planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.873 sustentado en

la afectación de derechos de rango constitucional, con

especial acento en la defensa del derecho a la intimidad o

privacidad que, según se afirma, se verían conculcados por la

captación y derivación de todas las comunicaciones.

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que el texto

legal impugnado reconoce su génesis en diversas iniciativas

del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación

destinadas a prevenir y reprimir los delitos contra la libertad

individual, particularmente, en materia de secuestros

extorsivos.

Surge del fundamento del proyecto de ley -con referencia

a la prestación de servicios de comunicaciones móviles-,

elaborado por el diputado José M. Díaz Bancalari, que

"existe una necesidad actual, derivada de la utilización de

nuevos medios comisivos de delitos, entre los que se comprende

el uso disfuncional de los recursos derivados de las modernas

comunicaciones. Esta realidad que todos conocemos torna

imperioso, con el fin de asegurar las 'investigaciones' que se

realizan para esclarecer estos delitos que utilizan los medios

antes mencionados, regular la obligada colaboración sin

excepción, de las entidades que tengan a su cargo la

explotación de los respectivos servicios. En este sentido no

debe perderse de vista, que una de las herramientas más importantes

para las investigaciones, en especial el de los

secuestros extorsivos, las constituyen las intervenciones

telefónicas. Así la Dirección de Observaciones Judiciales de

la Secretaría de Inteligencia del Estado, ve dificultada la

realización de las diligencias encomendadas por los jueces,

debido a cierta falta de colaboración o reticencia por parte

de las empresas licenciatarias de servicio de telecomunicaciones"

(confr. "Antecedentes Parlamentarios", publicado por

La Ley, Tomo 2005, págs. 480 y 481).

Cierto es que los conceptos vertidos en el seno del

Congreso con motivo del trámite parlamentario de alguna ley

son, en general, simples manifestaciones de opinión de las

personas que las pronuncian (confr. doctrina de Fallos:

329:3546), pero no puede decirse lo mismo de las explicaciones

brindadas por los miembros informantes de los proyectos, pues

tales explicaciones o informes constituyen una fuente propia

de interpretación (Fallos: 140:199 y 328:4655).

Fue, precisamente, el miembro informante del Senado

de la Nación, el senador Miguel A. Pichetto, quien disipó toda

duda sobre los objetivos de la ley, cuando explicó que se

trataba de un proyecto cuya iniciativa había sido del Poder

Ejecutivo, sancionada por la Cámara de Diputados, "que apunta

a fortalecer la lucha contra el delito organizado,

fundamentalmente en lo que se refiere a la logística para la

captación de las líneas telefónicas en los secuestros extorsivos.

El Estado requiere de esta ley para que las compañías

puedan actuar con celeridad en la captación de las líneas

(...) Con la aprobación de este proyecto estamos dando un

primer paso. Están pendientes muchos temas en cuanto a la

seguridad (...) El Congreso está en deuda con los temas de

seguridad (...) Creo que con este tema, además de dar una

primera respuesta importante, le estamos dando al Estado mismo

este instrumento para que las compañías puedan responder con

rapidez, a fin de avanzar en las investigaciones contra las

bandas organizadas que se dedican a los secuestros extorsivos

en el país" (confr. "Antecedentes Parlamentarios", publicado

por La Ley, Tomo 2005, págs. 486 y 487).

Así expuestos los objetivos de la ley, el thema

decidendum, a mi modo de ver, estriba en confrontar la medida

dispuesta por el legislador con el derecho a la intimidad y

privacidad amparado por la Constitución Nacional, habida

cuenta de que lo que aquí se trata es la posibilidad de que el

Estado, por intermedio de la Dirección de Observaciones

Judiciales de la Secretaría de Inteligencia, intercepte las

telecomunicaciones (vocablo entendido en sentido amplio) para

su consulta por parte de los magistrados judiciales y fiscales.

La Constitución Nacional ha establecido el deber del

Estado de proveer a la seguridad pública e individual como

correlato de los objetivos establecidos en el Preámbulo de

"afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a

la defensa común y promover el bienestar general", a la vez

que, en forma paralela, ha consagrado el derecho a la intimidad

o privacidad en sus arts. 19 y 18.

En tales condiciones, se advierte que el planteo en

examen traduce una suerte de tensión entre derechos y obligaciones

consagrados en la Constitución, en la medida en que el

actor pretende que se respete su derecho a la privacidad e

intimidad, que se enfrenta con el deber propio e irrenunciable

del Estado de proveer a la seguridad pública e individual.

Cuestiones como la presente, que implican relacionar

valores jurídicos contrapuestos, de raigambre constitucional,

son las que han originado una cauta tradición jurisprudencial

de la Corte Suprema, por ser ella la salvaguardia y custodio

final de la supremacía de la Constitución y de los principios

allí consagrados.

Fue con motivo de dichas relaciones que el Tribunal

asentó la doctrina que califica a la Constitución como una

estructura coherente y que, por lo tanto, ha de cuidarse, en

la interpretación de sus cláusulas, que no se altere el delicado

equilibrio entre la libertad y la seguridad.

La interpretación del instrumento que nos rige no

debe, pues, efectuarse de tal modo que queden frente a frente

los derechos y deberes por él enumerados, para que se destruyan

recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía

dentro del espíritu que les dio vida; cada una de sus partes

ha de entenderse a la luz de las disposiciones de todas las

demás, de tal modo de respetar la unidad sistemática de la Ley

Suprema (Fallos: 312:496 y sus citas).

Corresponde puntualizar, en este orden de ideas, que

el derecho constitucional a la intimidad aquí en juego

-consagrado en forma genérica por el art. 19 y especificado

respecto de alguno de sus aspectos en los arts. 18, 43 y 75,

inc. 22 de la Constitución- ha sido definido por la Corte

Suprema como aquel que protege jurídicamente un ámbito de

autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos

y costumbres, las relaciones familiares, la situación

económica, las creencias religiosas, la salud mental y física

y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en

cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están

reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación

por los extraños significa un peligro real o potencial

para la intimidad (Fallos: 306:1892).

Cabe recordar -como se dijo- que en el debate parlamentario

que precedió a la sanción de la ley 25.873, más

allá de que se pueda considerar que tuvo una breve discusión,

lo cierto es que quedó en claro que su objetivo era resguardar

la seguridad pública e individual.

Es decir, que en el sub examine el derecho a la

intimidad se enfrenta con el deber del Estado de proveer a la

seguridad y el correlativo derecho de todos los ciudadanos a

la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de su

propiedad.

De este modo puede decirse, que conjugados armoniosamente

aspectos propios de la esfera de la intimidad de las

personas, protegidos por los citados arts. 19 y 18, con otros

que la trascienden y acaban por interesar a toda la comunidad,

obvio objeto de protección del orden normativo, es dable

presuponer -contrariamente a lo que sostiene la alzada- que

ambos conciernen a la subsistencia de la propia sociedad.

- VI -

Ahora bien, es necesario determinar si el hecho de

interceptar y derivar las comunicaciones constituye una injerencia

desmesurada en la privacidad de las personas, si se lo

pondera relacionado con la finalidad perseguida por la ley, a

cuyo fin debe considerarse la jerarquía del interés tutelado,

en relación con la cuantía del sacrificio exigido a los derechos

individuales.

En tal sentido, fue puntualizado que toda ley debe

ser razonable, esto es, justificada por los hechos y las circunstancias

que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar

el interés público comprometido y proporcionado a

los fines que se procura alcanzar, de tal modo de coordinar el

interés privado con el público y los derechos individuales con

el de la sociedad (Fallos: 312:496).

En rigor, ha dicho la Corte, el derecho a la privacidad

comprende no sólo a la esfera doméstica, al círculo

familiar y de amistad sino a otros aspectos de la personalidad

espiritual o física de las personas tales como la integridad

corporal o la imagen, y que nadie puede inmiscuirse en la vida

privada de una persona ni violar áreas de su actividad no

destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus

familiares autorizados para ello, así como que sólo por ley

podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un

interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la

defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución

del crimen (Fallos: 306:1892, considerando 81 y 316:703, entre

otros).

Es un valor entendido que los derechos a la intimidad

y a la privacidad, al igual que los demás derechos individuales

que la Constitución Nacional garantiza, suponen límites

a la averiguación de la verdad real en el proceso penal.

En ese orden, incluso la propia Constitución admite

que la ley autorice en ciertos casos la intromisión de los

órganos estatales encargados de la persecución penal en la

libertad, la intimidad, la vida privada y demás derechos de la

persona en aras de salvaguardar el interés de la sociedad en

la investigación y el castigo de los delitos.

Ello es lógica consecuencia de aquel principio fundamental

en virtud del cual los derechos y garantías que la

Constitución consagra no tienen carácter absoluto, sino que la

ley puede imponer restricciones a su ejercicio que guarden

adecuada proporción con la necesidad de preservar los derechos

de los demás y los intereses generales de la sociedad (arts.

14 y 28 de la Constitución Nacional) (Fallos: 300:67 y 700;

308:814, entre otros).

Así pues, V.E. ha expresado que los derechos civiles,

políticos y sociales que la Constitución Nacional consagra,

lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o

restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí y con

los que corresponde reconocer a la comunidad (Fallos: 312:318;

314:225; 315:380; 320:196, entre muchos otros). Por tal

motivo, el derecho a la intimidad e inviolabilidad de la

correspondencia -tutelado por los arts. 18 y 19 de la Ley

Fundamental- también debe ponderarse tanto a la luz de los

diversos derechos consagrados por su texto como con relación a

las facultades estatales de restringir el ejercicio de tal

derecho, en un marco razonable, para la necesaria eficacia en

la persecución del crimen.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el marco

de protección que confieren las normas constitucionales y los

tratados mencionados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución

Nacional no implica que se prohíba toda intrusión estatal con

relación a los derechos de privacidad y de libertad

ambulatoria de las personas. Importa más bien que la Carta

Magna ha estructurado un escudo de protección de los habitantes

de nuestro país para que sus derechos no sean injustamente

vulnerados, pero no lleva desde luego a impedir la ejecución

de medidas que requiera el Estado para dilucidar la verdad en

el ámbito del proceso penal. Tales medidas se hallan

expresamente consignadas, por ejemplo, en los arts. 230 y 270

del Código Procesal Penal de la Nación sin que -por su sola

existencia- sea posible impugnarlas con el solo argumento de

que restringen aquellos derechos (Fallos: 326:3758, disidencia

del doctor Juan Carlos Maqueda).

En tales condiciones, no aparece como irrazonable

que se exija a los prestadores de servicios de telecomunicaciones

que estén en condiciones de suministrar, en tiempo

oportuno, a los magistrados (jueces e integrantes de este

Ministerio Público) los medios y datos necesarios para la

detección y prevención de hechos delictivos.

Además, la circunstancia de que la ley establezca

que "la captación y derivación de las comunicaciones que

transmiten" efectuada por las prestadoras de los servicios de

telecomunicaciones sea "a requerimiento del Poder Judicial o

el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente"

no tiene otro sentido que el de conferir exclusivamente

a una determinada categoría de funcionarios el ejercicio de

las delicadas funciones que ella otorga.

Tal conclusión -que, como se indica, emerge de la

propia literalidad del texto de la norma (doctrina de Fallos:

299:167, su cita y muchos otros)- resulta, además, abonada en

razón del reenvío que los arts. 45 bis y 45 ter realizan a "la

legislación vigente".

La indicación "a requerimiento del Poder Judicial o

el Ministerio Público" seguida de los vocablos "de conformidad

con la legislación vigente" no puede ser entendida como una

redacción descuidada del legislador, sino que la sucesión

entre ambos indica que los registros de comunicaciones no

pueden ser requeridos por cualquier persona, sino por los

funcionarios allí mencionados, que son, de acuerdo con la

legislación vigente, los únicos autorizados para ello.

Esta interpretación se corrobora con las restantes

disposiciones de la Ley Nacional de Telecomunicaciones que, en

armonía con las normas introducidas por la ley 25.873,

establecen que "la correspondencia de telecomunicaciones es

inviolable" y que "su interceptación sólo procederá a requerimiento

del juez competente" (art. 18 de la ley 19.798),

además de imponer la obligación de guardar secreto respecto

del contenido de cualquier comunicación confiada a quienes se

desempeñan en las empresas prestadoras del servicio (art. 20)

y la extensión de tal deber a toda persona que de cualquier

manera tenga conocimiento de la existencia o el contenido de

la correspondencia de telecomunicaciones (art. 21).

Vale recordar, en ese sentido, que son numerosas las

normas que autorizan a los jueces y magistrados de este

Ministerio Público a requerir datos en el ámbito de investigaciones

de hechos ilícitos. El art. 236 del Código Procesal

Penal, por ejemplo, prevé que "El juez podrá ordenar, mediante

auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o

cualquier otro medio de comunicación del imputado, para

impedirlas o conocerlas".

Cabe hacer notar aquí que la intervención de las

comunicaciones debe ser efectuada por el juez sólo mediante un

"auto fundado", sin que sea suficiente la simple orden. Ello,

en consonancia con la doctrina de la Corte en cuanto ha

declarado que si los jueces no estuvieren obligados a examinar

las razones y antecedentes que motivan el pedido de las

autoridades administrativas y estuvieran facultados a expedir

las órdenes de allanamiento sin necesidad de expresar fundamento

alguno, la intervención judicial carecería de sentido,

pues no constituiría control ni garantía alguna para asegurar

la inviolabilidad del domicilio (Fallos: 330:1195).

Asimismo, debe resaltarse la modificación que el

art. 7° de la ley 25.760 introdujo al mencionado precepto del

Código Procesal Penal, merced al cual se le agregaron dos

párrafos que en lo pertinente expresan que "bajo las mismas

condiciones, el juez podrá ordenar también la obtención de los

registros que hubiere de las comunicaciones del imputado o de

quienes se comunicaran con él" y que "en las causas en que se

investigue alguno de los delitos previstos en los artículos

142 bis y 170 del Código Penal de la Nación (referido a los

secuestros extorsivos), o que tramiten en forma conexa con

aquéllas, cuando existiese peligro en la demora, debidamente

justificado, dichas facultades podrán ser ejercidas por el

representante del Ministerio Público Fiscal, mediante auto

fundado, con inmediata comunicación al juez, quien deberá

convalidarla en el término improrrogable de veinticuatro horas

, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de

la prueba introducida a partir de él" (énfasis agregado).

En consecuencia, ya se trate de una orden emanada

del juez o del representante del Ministerio Público Fiscal, lo

cierto es que ella debe estar motivada, y, en el caso de que

sea esta última autoridad la que lo disponga, el juez debe

conocerla y convalidarla inmediatamente.

Cabe puntualizar, también, que el art. 5° de la ley

25.520, de inteligencia nacional, dispone que "las comunicaciones

telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier

otro sistema de envío de objetos o trasmisión de imágenes,

voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo

de información, archivos, registros y/o documentos privados o

de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público,

son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina,

excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido

contrario " y con mayor contundencia aún el art. 41 establece

que "ningún organismo de inteligencia podrá: realizar tareas

represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí,

funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante

requerimiento específico realizado por autoridad judicial

competente en el marco de una causa concreta sometida a su

jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por

ley" (inc. 11) ni "revelar o divulgar cualquier tipo de información

adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a

cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o

privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial " (inc.

41) (los énfasis han sido agregados).

Las disposiciones que anteceden demuestran que se ha

construido un sistema en el cual la privacidad o intimidad del

registro de las comunicaciones está garantizada de acuerdo con

las previsiones constitucionales (arts. 18 y 19), pues

únicamente podrán ser exhibidas a requerimiento judicial o, en

su caso, del Ministerio Público.

Por otra parte, de acuerdo con el texto legal bajo

examen, la obligación que se impone a las prestadoras de servicio

telefónico está limitada a "la captación y derivación de

las comunicaciones que transmiten" y a "registrar y sistematizar

los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios

y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas

por los mismos" -sin aludir a su contenido- a fin de

cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial

en orden a la interceptación de comunicaciones.

Cabe, entonces, aceptar la total atinencia que

guarda la medida ordenada -entrecruzamientos de los registros

telefónicos- con los fines perseguidos -facilitar y determinar

la existencia de actos de corrupción y averiguación de

ilícitos- así como con la vía elegida a tal efecto, lo cual

determina la inadmisibilidad de inferir que los datos requeridos

puedan afectar ilegítimamente el ámbito de autonomía

individual que constituye el derecho a la intimidad (confr.

argumento de Fallos: 327:5279).

- VII -

Por las consideraciones que anteceden, opino que

corresponde declarar inoficioso el pronunciamiento sobre el

planteo de inconstitucionalidad del decreto 1563/04 y revocar,

en lo demás, la sentencia de fs. 109/116 en cuanto fue materia

de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.

ES COPIA LAURA M. MONTI

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 

H. 270. XLII.

Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25. dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.

 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2009

Vistos los autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 -Dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986".

Considerando:

1°) Que Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando

que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873

y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de considerar

que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los

artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto

autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y

por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué

justificativos". Alegó que esa intromisión constituye una

violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en

su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio de

confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones

con sus clientes (fs. 2/8).

2°) Que, al producir su informe, el Estado Nacional

sostuvo que la vía del amparo no resultaba apta para debatir el

planteo del actor. Afirmó, además, que la cuestión se había

tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 357/05, que

suspendió la aplicación del decreto 1563/04, toda vez que con

ello se disipó la posibilidad de que exista un daño actual o

inminente para el actor, o para cualquier usuario del sistema

(fs. 50/54).

3°) Que la magistrada de primera instancia hizo lugar a

la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2°

de la ley 25.873 y del decreto 1563/04. A ese efecto sostuvo

que: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al

dictado de la ley, la cual carece de motivación y fundamentación

apropiada; b) de los antecedentes de derecho comparado surge que

diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no

incurrir en violaciones al derecho a la intimidad Cpor ejemplo

limitaron el tiempo de guarda de los datosC que no fueron

consideradas en este proyecto; c) las normas exhiben gran

vaguedad pues de sus previsiones no queda claro en qué medida

pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones

sin la debida autorización judicial; d) aquéllas

están redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los

datos captados sean utilizados para fines distintos de los que

ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en la reglamentación

de la ley al dictar el decreto 1563/04 (fs. 70/78).

4°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho

pronunciamiento. Sin perjuicio de advertir que el recurso de

apelación del Estado Nacional exhibía defectos técnicos que

conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascendencia

de la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos

desarrollados en defensa de las normas impugnadas. Al respecto

y, en primer lugar, aclaró que la pretensión no se había tornado

abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente por el hecho

de que el decreto 1563/04 que la reglamentó sólo había sido

suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/05

sin que hubiese sido "expulsado del plexo normativo vigente". En

segundo término, precisó que el planteo articulado no era

meramente consultivo sino que existía un interés jurídico

concreto en cabeza del actor como usuario de distintos servicios

de telecomunicaciones y en su carácter de abogado. En cuanto a

la viabilidad de la acción de amparo, sostuvo que no existía en

el caso otro remedio judicial más idóneo para proteger los

derechos invocados, además de que la cuestión no requería una

mayor amplitud de debate o prueba por resultar "prácticamente"

de puro derecho. Respecto del fondo del asunto, hizo suyos los

argumentos desarrollados por la jueza de grado a los que, con

citas de jurisprudencia nacional y extranjera, añadió

consideraciones generales sobre el derecho a la intimidad y a la

inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que éstos

debían primar Cen situaciones como la que presenta el sub liteC

más allá de que el objetivo general de las normas impugnadas

hubiera sido el de "combatir el flagelo de la delincuencia".

Subrayó que "en nada cambia la conclusión a la que se arriba que

la ley establezca (en su art. 3°) la asunción de responsabilidad

por parte del Estado por los eventuales perjuicios que se

derivaren para terceros". Por lo demás, estimó que la legitimación

del actor "no excluía la incidencia colectiva de la

afectación a la luz del 2° párrafo del art. 43 de la Constitución

Nacional" por lo que la sentencia dictada en tales condiciones

debía "...aprovechar a todos los usuarios que no han participado

en el juicio" (fs. 109/116).

5°) Que contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso

el recurso extraordinario de fs. 120/126 en el que invoca

la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad

institucional. El remedio ha sido concedido a fs. 156 y resulta

formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente

pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula

del art. 43 de la Constitución Nacional y la decisión es

contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y es

materia de litigio (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Por lo

demás, cabe señalar que el tema planteado tiene repercusión

institucional, en la medida en que excede el mero interés de las

partes y repercute en un importante sector de la comunidad por

haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance

general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno

al bienestar común (confr. doctrina de Fallos: 247:601 y, entre

otras, causa F.1074.XLI "Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y

otro s/ ejecución hipotecaria", sentencia del 6 de mayo de

2008). Es pertinente recordar que, según lo ha sostenido

invariablemente en sus pronunciamientos esta Corte, en la tarea

de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales y de

normas federales no se encuentra limitada por las posiciones del

tribunal apelado ni por los argumentos de las partes sino que le

incumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado, según

la interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 326:2880;

328:2694; 329:2876 y 3666, entre muchos otros).

6°) Que debe mencionarse que el Colegio Público de

Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de

Colegios de Abogados se presentaron en autos adhiriendo a los

planteos del actor (fs. 176/178 y 235/237, respectivamente). A

su turno, con arreglo a lo establecido en la acordada 30/2007,

el Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo,

la que tuvo lugar el 2 de julio de 2008 y en la cual las

representaciones letradas de cada una de las partes han sido

interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia, conforme

da cuenta el acta y el instrumento incorporados a este

expediente.

7°) Que la impugnación del Estado Nacional se dirige

exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que la cámara

atribuyó a su pronunciamiento. Al respecto señala que, sin

perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos

debatidos en el caso, según las prescripciones constitucionales,

para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación

del Defensor del Pueblo de la Nación en el proceso,

circunstancia que no se ha producido. La pretensión fue deducida

exclusivamente por un particular.

8°) Que para la dilucidación de este aspecto, según los

propios términos en que ha sido formulado el cuestionamiento, es

necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho

cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes

son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué

condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos

que derivan de la resolución que en definitiva se dicte.

9°) Que en materia de legitimación procesal corresponde,

como primer paso, delimitar con precisión tres categorías

de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen

por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva

referentes a intereses individuales homogéneos.

En todos esos supuestos, la comprobación de la existencia

de un "caso" es imprescindible (art. 116 de la Constitución

Nacional; art. 2 de la ley 27; y Fallos: 310: 2342, considerando

7°; 311:2580, considerando 3°; y 326: 3007, considerandos

7° y 8°, entre muchos otros), ya que no se admite una acción que

persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin

embargo es preciso señalar que el "caso" tiene una configuración

típica diferente en cada uno de ellos, siendo esto esencial para

decidir sobre la procedencia formal de pretensiones, como se

verá en los considerandos siguientes. También es relevante

determinar si la controversia en cada uno de esos supuestos se

refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una

lesión futura causalmente previsible.

10) Que la regla general en materia de legitimación es

que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son

ejercidos por su titular. Ello no cambia por la circunstancia de

que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se

trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos,

o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o

pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores,

o bien una representación plural. En estos casos, no hay

variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo

sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien

debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para

que se configure una cuestión justiciable.

A esta categoría de derechos se refiere el primer

párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra

cabida la tradicional acción de amparo, instituida por

vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes "Siri"

y "Kot" (Fallos: 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada

más tarde legislativamente. Esta acción está destinada a

obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se

caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño

esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados.

11) Que los derechos de incidencia colectiva que tienen

por objeto bienes colectivos (art. 43 de la Constitución

Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación,

las asociaciones que concentran el interés colectivo y el

afectado.

En estos supuestos existen dos elementos de calificación

que resultan prevalentes.

En primer lugar, la petición debe tener por objeto la

tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece

a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión

alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación

extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso

existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que

no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente

de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que,

como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es necesario

precisar que estos bienes no tienen por titulares a una

pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que

si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular,

lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido

técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la

extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no

pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles

en modo alguno.

En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en

la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la

lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre

el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental,

pero esta última acción corresponde a su titular y

resulta concurrente con la primera.

De tal manera, cuando se ejercita en forma individual

una pretensión procesal para la prevención o reparación del

perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión

cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi,

pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la

legitimación.

En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o

controversia se halla relacionada con una lesión a derechos

sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante

o de quienes éste representa.

Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos

de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al

Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que

ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes

individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una

esfera de disponibilidad en cabeza de su titular.

12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo

párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos

de incidencia colectiva referentes a intereses individuales

homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o

patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia,

de los derechos de los usuarios y consumidores como de

los derechos de sujetos discriminados.

En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se

afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo,

hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a

todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica

homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales

casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es

común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al

daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica

y normativa que lleva a considerar razonable la realización de

un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en

él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.

Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que

reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de

clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. Este

aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley

que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos

que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la

clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a

un integrante de la clase o también a organismos públicos o

asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los

efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen

efectivos.

Frente a esa falta de regulación Cla que, por lo demás,

constituye una mora que el legislador debe solucionar

cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia

que la Ley Suprema ha instituidoC, cabe señalar que la referida

disposición constitucional es claramente operativa y es

obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida

evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del

acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que

donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer

toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la

acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y

protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la

Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias,

cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia

efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y

315:1492).

La eficacia de las garantías sustantivas y procesales

debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos

que la Constitución también protege como derivación de la tutela

de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del

derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de

ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación

armónica con el derecho a la defensa en juicio, de

modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia

dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de

H. 270. XLII.

Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.

dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.

Fallos: 211:1056 y 215:357).

En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a

criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia

que dicho balance exige.

13) Que la procedencia de este tipo de acciones requiere

la verificación de una causa fáctica común, una pretensión

procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de

ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no

aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual,

también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales,

exista un fuerte interés estatal en su protección, sea

por su trascendencia social o en virtud de las particulares

características de los sectores afectados.

El primer elemento es la existencia de un hecho único

o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de

derechos individuales.

El segundo elemento consiste en que la pretensión debe

estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada

individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay

hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar

acciones de la primera categoría. De tal manera, la existencia

de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con

el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino

con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos

al estar afectados por un mismo hecho.

Como tercer elemento es exigible que el interés individual

considerado aisladamente, no justifique la promoción de

una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la

justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción

resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los

que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias

tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos

que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso,

débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de

esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo,

pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal

para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,

de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea

expuesta.

14) Que la pretensión deducida por el abogado Ernesto

Halabi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de

derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses

individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13

de este pronunciamiento.

En efecto, el pretensor interpuso acción de amparo en

virtud de considerar que las disposiciones de la ley 25.873 y de

su decreto reglamentario 1563/04 vulneran los derechos establecidos

en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en

la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones

telefónicas y por Internet sin determinar "en qué casos y con

qué justificativos" esa intromisión puede llevarse a cabo. La

referida intervención importa una violación de sus derechos a la

privacidad y a la intimidad, y además pone en serio riesgo el

"secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar

y garantizar (arts. 6° inc. f, 7°, inc. c y 21, inc. j, de la ley

23.187). Su pretensión no se circunscribe a procurar una tutela

para sus propios intereses sino que, por la índole de los

derechos en juego, es representativa de los intereses de todos

los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también

de todos los abogados.

Como se anticipó en el considerando 7°, corresponde

resolver el alcance del pronunciamiento. Al respecto, este Tribunal

considera cumplidos los recaudos que, para las acciones

colectivas, se delinean en esta sentencia.

En efecto, existe un hecho único Cla normativa en

cuestiónC que causa una lesión a una pluralidad relevante de

derechos individuales.

La pretensión está concentrada en los efectos comunes

para toda la clase de sujetos afectados, con lo que se cumple el

segundo requisito expuesto en el considerando anterior. La

simple lectura de la ley 25.837 y de su decreto reglamentario

revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a

todo el colectivo que en esta causa representa el abogado Halabi.

Finalmente, hay una clara afectación del acceso a la

justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles

afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda

peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo

que se cumple el tercero de los elementos señalados en el considerando

anterior.

Por lo demás, esta Corte estima que, dado que es la

primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la

acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos

individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al

respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto

de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos

de esta naturaleza. En estas condiciones, se considera que

ha existido una adecuada representación de todas las personas,

usuarios de los servicios de telecomunicaciones Cdentro de los

que se encuentran los abogadosC a las que se extenderán los

efectos de la sentencia.

Para arribar a esta conclusión se tiene en cuenta la

publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante esta

Corte, como también la circunstancia de que la declaración de

inconstitucionalidad de la ley 25.873 se encuentra firme y que

el decreto reglamentario 1563/04 ha sido suspendido en su vigencia.

Asimismo, se consideran las presentaciones que, en apoyo

de la pretensión del demandante, han realizado como Amigos del

Tribunal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que comparecían

para evitar "las nefastas consecuencias que para todos

los habitantes de nuestro país y en particular para los abogados

matriculados en nuestro colegio traería aparejada la subsistencia

formal de las normas cuestionadas" (fs. 215/216 y

235/237). Similares consideraciones fueron realizadas en la

audiencia celebrada ante el Tribunal por los oradores de esas

dos instituciones (fs. 347/357).

15) Que la conclusión mencionada no puede ser objetada

so pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la

referida cláusula constitucional no encuentre, en el plano normativo

infraconstitucional, un carril procesal apto para hacerla

efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los

jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una

tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen

vulnerados. Ha expresado el Tribunal al respecto que basta la

comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía

constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad,

sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de

una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y

protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas

por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias.

En apoyo de tal afirmación, esta Corte sostuvo que

ya a fines del siglo XIX señalaba Joaquín V. González: "No son,

como puede creerse, las 'declaraciones, derechos y garantías',

simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas

que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos,

para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben

aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar

con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa

significación de su texto. Porque son la defensa personal, el

patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no,

un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina"

("Manual de la Constitución argentina", en "Obras completas",

vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., además, núms. 89 y

90). Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia

institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio

pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia

del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de

asegurarlas (confr. causa "Siri", Fallos: 239:459).

16) Que es innegable, entonces, que una inteligencia

dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción

pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar

en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias

que está llamado a regir. En ese sentido ha observado también el

Tribunal que la Constitución, que es la ley de las leyes y se

halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene

la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones

jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las

que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los

principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no

de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en

particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia

que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada

la Constitución. Entre esos grandes objetivos y aun el primero

entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad,

para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres

del mundo que quieran habitar en el suelo argentino"

(Preámbulo). De ahí que la Constitución está dirigida irrevocablemente

a asegurar a todos los habitantes "los beneficios

de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de

nuestra vida como Nación, se debilita o se corrompe cuando se

introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen

en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud

de los derechos (confr. causa "Kot", Fallos: 241:291).

17) Que ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta

jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de

las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad, no

puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia

recogida en otros sistemas jurídicos. Al respecto, en lo que

aquí interesa, resulta ilustrativo traer a colación que en los

Estados Unidos de Norteamérica, a partir de las directivas del

Bill of peace del siglo XVII, mediante la labor jurisprudencial,

se ha delineado la institución de las class actions cuya

definición conceptual quedó plasmada en las Federal Rules of

Civil Procedure de 1938 y que ha experimentado una evolución

posterior mediante numerosas decisiones judiciales hasta obtener

contornos más precisos en las Federal Rules de 1966. La Regla 23

( Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que uno o más

miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte

en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa

que la actuación de todos es impracticable, 2) existen

cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, 3) las

demandas o defensas de las partes representantes son típicas de

las demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes

protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente.

El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de

un representante de la clase, efectuando un adecuado control de

su representatividad y de la existencia de una comunidad de

intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.

En el contexto de la citada disposición es posible

distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada para los

supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones

mediante procesos individuales resulte perjudicial para el enjuiciado

o para los miembros del colectivo por crear el riesgo

de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos

individuales, que impongan comportamientos incompatibles a

la parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean dispositivas

de los intereses de otros miembros no partes, o que sustancialmente

menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger

sus intereses. El segundo tipo es aquél concerniente a los supuestos

en que la contraparte del grupo ha evidenciado una conducta

positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél, lo que

torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que

involucre a todo el conjunto. El tipo restante se presenta

cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos

comunes a los integrantes del grupo por sobre cualquier cuestión

que afecte sólo a sus miembros individuales, de manera tal que

la acción del colectivo es siempre superior a la acción

individual.

18) Que cabe hacer presente, asimismo, la regulación

vigente en España que, aunque circunscripta al ámbito de los

consumidores y de los usuarios, presenta una singular solución

para los problemas que generan la participación, la legitimación

procesal y los alcances de las decisiones en las demandas de

contenido colectivo. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil

española (n° 1 del 7 de enero de 2000; BOE núm. 7, del 8 de enero

de 2000, pág. 575-728, corrección de errores BOE núm. 90, del 14

de abril de 2000, pág. 15278 y BOE núm. 180, del 28 de julio de

2001, pág. 27746) reconoce la calidad de parte procesal ante los

tribunales civiles a los "grupos de consumidores o usuarios

afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo

compongan estén determinados o sean fácilmente determinables".

El grupo podrá demandar en juicio cuando se constituya con la

mayoría de los afectados (art. 6°, inc. 7°). En esas condiciones,

la norma otorga legitimación para la tutela de los intereses

colectivos no sólo a las asociaciones de consumidores y usuarios

y a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto

la defensa o protección de éstos sino, además, a los propios

grupos de afectados (art. 11, inc. 2).

En referencia también a los derechos e intereses de

los consumidores, el ordenamiento legal de Brasil prevé una

acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente

sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en

forma individual o a título colectivo. La normativa autoriza la

defensa colectiva para los supuestos de intereses o derechos

difusos transindividuales de naturaleza indivisible de que sean

titulares personas indeterminadas y relacionadas por circuns-

 

tancias reales; los intereses o derechos colectivos transindividuales

de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo,

categoría o clase de personas relacionadas entre sí o con la

parte contraria por una relación jurídica base; y los intereses

o derechos individuales homogéneos, por los que se entienden los

resultantes de origen común (arts. 81, 91 y ss. del Código de

Defensa del Consumidor, ley 8078, del 11 de septiembre de 1990).

19) Que en lo referente al derecho argentino, esta

Corte ha advertido en otras ocasiones que el propio texto constitucional

autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para

la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las

figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales

vigentes. Es oportuno recordar, en ese sentido que, al

interpretar el ya tantas veces mencionado art. 43 de la Constitución

Nacional, el Tribunal admitió que la protección judicial

efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino

que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales

de carácter general como Cen esa ocasiónC el hábeas corpus

colectivo, pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela

colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con

igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas

a un bien jurídico de valor prioritario y del que se

ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su

tutela sino para privilegiarla (Fallos: 328:1146, considerandos

15 y 16). Por lo tanto, frente a una situación como la planteada

en el sub examine, dada la naturaleza de los derechos en juego,

la calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a

lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de

interpretación jurídica, en el sentido de que, además de la

letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida

y la dinámica de la realidad, es perfectamente aceptable

dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el

Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los

términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una

acción colectiva con análogas características y efectos a la

existente en el derecho norteamericano (confr. fallo referido,

considerando 17 y sus citas).

20) Que no obstante ello, ante la ya advertida ausencia

de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna

indispensable formular algunas precisiones, con el objeto de que

ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de

la "acción colectiva" que se ha delineado en el presente fallo

se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de

evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia

dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad

efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que

la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación

de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad

tales como la precisa identificación del grupo o colectivo

afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación

y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los

aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean

comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo,

que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para

garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas

que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de

manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar

fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o

contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen

adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación

o superposición de procesos colectivos con un mismo

objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias

disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.

21) Que a esta altura de la exposición se impone recordar

que el apelante centró sus agravios en el aspecto de la

sentencia mediante el cual la cámara procuró reforzar la virtualidad

de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. En

razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugna-

ción articulada es conveniente remarcar, como conclusión de lo

que se lleva dicho, que el fundamento de esa amplitud de los

efectos de la decisión no se halla sólo en la búsqueda, por

parte del juzgador, de arbitrios tendientes a superar el escollo

derivado de la arraigada concepción individualista en materia de

legitimación. El verdadero sustento de la proyección superadora

de la regla inter partes, determinante de la admisibilidad de la

legitimación grupal, es inherente a la propia naturaleza de la

acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos

que por su intermedio se intentan proteger. Tal estándar

jurídico, como se ha expresado, reconoce su fuente primaria en

el propio texto constitucional y, lejos de ser una construcción

novedosa, aparece como una institución ya arraigada en el

ordenamiento normativo vigente. En efecto, las regulaciones

especiales que instauran instrumentos de carácter colectivo para

obtener reivindicaciones en materia de defensa a los usuarios y

consumidores y en lo atinente a daño ambiental, prevén

expresamente soluciones de la índole referida. Así el art. 54,

párrafo segundo, de la ley 24.240 establece que "la sentencia

que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el

demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren

en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten

su voluntad en contrario previo a la sentencia en los

términos y condiciones que el magistrado disponga". De un modo

semejante, el art. 33, in fine, de la ley 25.675 dispone que "la

sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a

excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente,

por cuestiones probatorias".

22) Que para concluir y, sin perjuicio de las limitaciones

con que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte

según lo indicado en el considerando 7°, es conveniente dar una

ligera mirada sobre el tema planteado como cuestión de fondo

pues, como se ha expuesto a lo largo de este pronunciamiento, lo

referente a la admisibilidad de la acción colectiva, a la

legitimación para interponerla y a la proyección de los efectos

de la sentencia que en su cauce se dicte, depende fundamentalmente

de la índole del derecho que por ese medio se procura

resguardar. La tacha de inconstitucionalidad deducida en la

demanda que abrió este proceso recayó sobre la ley 25.873 y su

reglamentación. Esa norma legal incorporó a la ley 19.798 Cde

regulación del servicio de telecomunicacionesC los artículos 45

bis, ter y quáter que, en síntesis, prevén que: a) los prestadores

de telecomunicaciones deberán disponer de los recursos

humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación

de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota

a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de

conformidad con la legislación vigente; b) los costos deberán

ser soportados por los prestadores y el servicio deberá estar

disponible en todo momento; c) los prestadores deberán registrar

y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus

usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones

para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el

Ministerio Público; d) esa información deberá ser conservada por

diez años; e) el Estado Nacional asume la responsabilidad por

los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para

terceros de la observación y utilización de la información

obtenida por el mecanismo previsto. A su turno, el decreto

1563/04 reglamentó la norma legal pero su aplicación fue

suspendida más tarde por el decreto 357/05. El tribunal a quo

observó al respecto Cmediante un señalamiento que ha quedado

firme ante la ausencia de agravioC que la suspensión del

reglamento no implicó su exclusión del ordenamiento jurídico y,

por ende, el precepto resulta susceptible de ocasionar una

afectación actual o inminente a los derechos del actor. Tal

dispositivo, en lo que interesa, determina que la Dirección de

Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del

Estado (SIDE) será el órgano encargado de realizar las interceptaciones

y que los prestadores deberán obtener los recursos

para realizarlas y mantenerlas en confidencialidad.

23) Que el fallo recurrido, en el tramo que también ha

adquirido carácter inamovible por no haber merecido objeciones

del apelante, confirmó por sus fundamentos la decisión dictada

en primera instancia con lo cual la declaración de inconstitucionalidad

de las normas quedó sustentada, entre otros extremos

valorados, en que: a) las previsiones de la ley exhiben

vaguedad en sus previsiones de las que no resulta claro en qué

medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones

sin la debida autorización judicial, y b) tal como

está redactada la norma, existe el riesgo de que los datos sean

utilizados para fines distintos que aquéllos en ella previstos.

En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno

señalar que las comunicaciones a las que se refiere la ley

25.873 y todo lo que los individuos transmiten por las vías

pertinentes integran la esfera de intimidad personal y se encuentran

alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19

de la Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la

garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia"

o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vida

privada" de los afectados (conf. art. 12 de la Declaración Universal

de Derechos Humanos y art. 11, inc. 2°, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos Ctratados, ambos, con jerarquía

constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la

Constitución NacionalC y art. 1071 bis del Código Civil).

24) Que, en sentido coincidente, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos tiene dicho que el poder del Estado

para garantizar la seguridad y mantener el orden público no es

ilimitado, sino que "su actuación está condicionada por el respeto

de los derechos fundamentales de los individuos que se

encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos

conforme a Derecho (...) con estricta sujeción a los

procedimientos objetivamente definidos en la misma" (Corte

Interamericana de Derechos Humanos. Serie C, n° 100, caso

"Bulacio v. Argentina", sentencia del 18 de septiembre de 2003,

ptos. 124 y 125; ver Fallos: 330:3801).

Acerca de estas situaciones este Tribunal ha subrayado

que sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida

privada de una persona, siempre que medie un interés superior en

resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad,

las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos:

306:1892; 316:703, entre otros). Es en este marco constitucional

que debe comprenderse, en el orden del proceso penal

federal, la utilización del registro de comunicaciones telefónicas

a los fines de la investigación penal que requiere ser

emitida por un juez competente mediante auto fundado (confr.

art. 236, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación,

según el texto establecido por la ley 25.760), de manera que el

común de los habitantes está sometido a restricciones en esta

esfera semejantes a las que existen respecto a la intervención

sobre el contenido de las comunicaciones escritas o telefónicas.

Esta norma concuerda con el artículo 18 de la ley 19.798 que

establece que "la correspondencia de telecomunicaciones es

inviolable. Su interceptación sólo procederá a requerimiento de

juez competente".

En idéntico sentido, el Tribunal Constitucional de

España, mediante su sentencia del 5 de abril de 1999 (STC

49/1999), con cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

(TEDH), ha sostenido que "si el secreto pudiera alzarse sobre la

base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las

comunicaciones (...) quedaría materialmente vacío de contenido".

Así, el TEDH acepta como garantía adecuada frente a los abusos

que la injerencia sólo pueda producirse allí donde "existan

datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien

intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción

grave" CCaso K., núm. 51C o donde existan "buenas razones" o

"fuertes presunciones" de que las infracciones están a punto de

cometerse (TEDH S 15 jun. 1992, caso L, núm. 38).

25) Que la libertad, en cada una de sus fases, tiene

su historia y su connotación (Fallos: 199:483); de ahí que las

consideraciones en particular sobre el tema en discusión deban

mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso. El

Tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de

la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir

de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, a

un sujeto de obligaciones tributarias, etc.; por ello ha

interpretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la

respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general" (Fallos:

171:348; 318:1894, entre otros).

Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 318:

1894 (en el voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano) se

afirmó que, para restringir válidamente la inviolabilidad de la

correspondencia, supuesto que cabe evidentemente extender al

presente, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que

determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse

a tomar conocimiento del contenido de dicha correspondencia;

b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial

o importante objetivo del Estado, desvinculado de la

supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y

de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción

resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d)

que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el

aludido logro. A su vez, fines y medios deberán sopesarse con

arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses

concurrentes.

26) Que lo resuelto en el sub lite por los jueces de

la causa se ajusta a los requisitos que conforman el estándar

enunciado y que imponen la aplicación de criterios de interpretación

restrictivos en el examen de las intercepciones de las

comunicaciones personales. Tal como ha sido apreciado por los

magistrados de los tribunales intervinientes en las instancias

anteriores, es evidente que lo que las normas cuestionadas han

establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una

de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye

el derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no

distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni

las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda

vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información

de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de

navegación anudan a los contenidos. Se añade, a ello, la

circunstancia de que las normas tampoco prevén un sistema específico

para la protección de las comunicaciones en relación con

la acumulación y tratamiento automatizado de los datos personales.

En suma, como atinadamente ha sido juzgado en autos, resulta

inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley

estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que

excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes

de la Administración quede en manos de la más libre discreción

de estos últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia

si se advierte que desde 1992 es la Dirección de Observaciones

Judiciales de la SIDE, que actúa bajo la órbita del poder

político, la que debe cumplir con los requerimientos que formule

el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones

telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por

esos circuitos. Ello es así por cuanto, en el marco de la

transferencia de la prestación del servicio de telecomunicaciones

de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones a

licenciatarias privadas, el decreto 1801/1992 dispuso que la

Dirección de Observaciones Judiciales de aquella empresa estatal

pasara a depender de la SIDE, a los fines de cumplir con dichos

requerimientos de los jueces.

27) Que, por lo demás, no cabe perder de vista que ha

sido el propio legislador quien, al establecer en el artículo 3°

de la ley 25.873 la responsabilidad estatal por los daños y

perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación

y utilización de la información obtenida, ha reconocido que el

sistema de captación, derivación y registro de comunicaciones

que implementó podría no respetar las garantías mínimas exigibles

para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los

particulares.

28) Que, cabe aclarar, que la Dra. Highton de Nolasco

deja a salvo su opinión respecto a la legitimación del Defensor

del Pueblo de la Nación para la defensa de intereses individuales

homogéneos puramente patrimoniales (conf. D.2080.XXXVII

ADefensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. - PEN- dtos. 1570/01 y

1606/01 s/ amparo ley 16.986", sentencia del 26 de junio de

2007).

En las condiciones expuestas y por los fundamentos que

anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto

ha sido materia de recurso.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara

procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia

apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS

S. FAYT (en disidencia parcial)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en

disidencia parcial)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI -

CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).

ES COPIA

 

DISI-//-

-//-DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento

de primera instancia que había hecho lugar a la

acción de amparo entablada por Ernesto Halabi y declaró la inconstitucionalidad

de la ley 25.873 (arts. 1° y 2°) y del decreto

1563/04.

2°) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación

interpuesto por el Estado Nacional por considerar que el

memorial del recurrente no cumplía con los recaudos exigidos por

la ley procesal, en razón de que el Estado se limitó a reiterar

planteos anteriores que habían sido pormenorizadamente

rechazados por la jueza interviniente. No obstante ello, entendió

que la trascendencia de la cuestión debatida justificaba el

tratamiento de los argumentos invocados en favor de la legitimidad

de la normativa impugnada.

3°) Que, en este orden de ideas, luego de examinar las

condiciones de admisibilidad de la vía del amparo, convalidó los

fundamentos de la instancia anterior relativos a la

inadmisibilidad constitucional de las injerencias en las comunicaciones

previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos,

puso de relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente

en una materia tan sensible, la necesidad de que una

norma de tales características sea motivada y fundada, la peligrosa

vaguedad de muchas de sus previsiones, la dificultad para

separar los "datos de tráfico" del contenido mismo de la comunicación

y el riesgo cierto de que los datos registrados sean

indebidamente utilizados. Con relación al argumento del Estado

relativo a que las normas en cuestión se dirigen a atender al

interés de la comunidad en su totalidad, y que, por ello, deben

prevalecer sobre los intereses meramente individuales o secto-

riales, la cámara destacó la significación que adquiere la protección

del ámbito de privacidad en el marco de los estados de

derecho. Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser

invadido por el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios

que sean capaces de demostrar que las restricciones conciernen a

la subsistencia de la propia sociedad" (fs. 113 vta.), y la sola

invocación de la finalidad de "combatir el delito" no basta para

"convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un

sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones

pueden ser captadas para su eventual observación remota" (fs.

114).

4°) Que, por último, con relación al alcance de la

sentencia, el a quo explicitó las razones por las cuales el

fallo debe aprovechar a todos los usuarios que no han participado

en el juicio, en razón de que el carácter colectivo de la

controversia tiene como consecuencia lógica necesaria que el

control de constitucionalidad ejercido tendrá "alcance colectivo

para todos los usuarios que se encuentren en la misma condición

que el actor" (fs. 115).

5°) Que este último aspecto de la decisión fue el que

motivó el recurso extraordinario del Estado Nacional (fs.

120/126), concedido a fs. 156.

En dicha presentación, el recurrente se limita a manifestar

su disconformidad con la interpretación de la sentencia

en punto a la dimensión colectiva del interés invocado por el

amparista, y nada dice en defensa de la constitucionalidad de

las normas en debate. Esta cuestión, por lo tanto, ha quedado

excluida de la jurisdicción apelada del Tribunal.

6°) Que, de acuerdo con lo argumentado por el Estado

Nacional, la cámara realizó una errónea interpretación del art.

43 de la Constitución Nacional, en tanto el carácter colectivo

de un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una sentencia

de alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo

ni una asociación protectora de los derechos de los usuarios y

consumidores. Según su punto de vista, el resultado del pleito

sólo podría aplicarse al caso del afectado en particular y "bajo

ningún punto de vista puede hacerse extensivo a la sociedad

toda".

7°) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho

que sus sentencias producen efectos solamente respecto de

quienes han revestido el carácter de partes en el juicio, y no

pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido

ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas Cconsiderando 18

del voto del juez PetracchiC), tal aseveración reviste el carácter

de principio general. En efecto, cuando la naturaleza de

la pretensión invocada impide, fáctica o jurídicamente, restringir

el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en

el juicio, dicha regla debe ceder. De otro modo, la tutela de

derechos reclamada no podría hacerse efectiva, y se vulneraría

el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf.

Fallos: 322:3008, esp. considerandos 12 y 13 de la disidencia

del juez Petracchi, y sus citas).

8°) Que, en este sentido, resulta incomprensible la

pretensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo

decidido en la presente causa se limiten al amparista, pues

CsostieneC "no existe imposibilidad de excluirlo a él de la

aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba

aplicar la normativa en general". En efecto, tal afirmación

prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión.

Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista, puede ser

vista como un bien propio de cada individuo en particular, no se

trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un

cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en particular.

Por el contrario, lo que entra en juego es el derecho a

la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. Ello, por

definición, presupone la interacción con otros interlocutores,

cuya ausencia de protección Cpor ser ajenos al juicioC

derivaría, necesariamente, en el fracaso de la protección al

amparista mismo. Desde este punto de vista, la necesidad de

protección invocada no podría ser restringida a la "propia"

esfera de privacidad. En consecuencia, al no haber sido invocada

por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería

posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la

injerencia a la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero

potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta

falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para

impedir su procedencia.

9°) Que, por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos

relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de

la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la

privacidad pretendida, no se advierte relación directa e

inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación

restrictiva de los alcances del art. 43 de la Constitución

Nacional propuesta por la recurrente (conf., entre muchos otros,

Fallos: 329:2060, 4535; 330:4399).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara

improcedente el recurso extraordinario. Sin costas en atención a

la naturaleza de la cuestión debatida. Hágase saber y, oportunamente,

devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN M.

ARGIBAY.

ES COPIA

 

 

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

11) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento

de primera instancia que había hecho lugar a la

acción de amparo entablada por Ernesto Halabi y declaró la inconstitucionalidad

de la ley 25.873 (arts. 11 y 21) y del decreto

1563/04.

21) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación

interpuesto por el Estado Nacional por considerar que el

memorial del recurrente no cumplía con los recaudos exigidos por

la ley procesal, en razón de que el Estado se limitó a reiterar

planteos anteriores que habían sido pormenorizadamente

rechazados por la jueza interviniente. No obstante ello, entendió

que la trascendencia de la cuestión debatida justificaba el

tratamiento de los argumentos invocados a favor de la legitimidad

de la normativa impugnada.

31) Que, en este orden de ideas, luego de examinar las

condiciones de admisibilidad de la vía de amparo, convalidó los

fundamentos de la instancia anterior relativos a la inadmisibilidad

constitucional de las injerencias en las comunicaciones

previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos, puso de

relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente en

una materia tan sensible, la necesidad de que una norma de tales

características sea motivada y fundada, la peligrosa vaguedad de

muchas de sus previsiones, la dificultad para separar los "datos

de tráfico" del contenido mismo de la comunicación y el riesgo

cierto de que los datos registrados sean indebidamente

utilizados. Con relación al argumento del Estado relativo a que

las normas en cuestión se dirigen a atender al interés de la

comunidad en su totalidad, y que, por ello, deben prevalecer

sobre los intereses meramente individuales o sectoriales, la

cámara destacó la significación que adquiere la protección del

ámbito de privacidad en el marco de los Estados de derecho.

Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser invadido por

el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios que sean

capaces de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia

de la propia sociedad" (fs. 113 vta.), y la sola invocación

de la finalidad de "combatir el delito" no basta para

"convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un

sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden

ser captadas para su eventual observación remota" (fs. 114).

41) Que, por último, con relación al alcance de la

sentencia, el a quo explicitó las razones por las cuales el

fallo debía aprovechar a todos los usuarios que no han participado

en el juicio, en razón de que el carácter colectivo de la

controversia tiene como consecuencia lógica necesaria que el

control de constitucionalidad ejercido tenga "alcance colectivo

para todos los usuarios que se encuentren en la misma condición

que el actor" (fs. 115).

51) Que este último aspecto de la decisión fue el que

motivó el recurso extraordinario del Estado Nacional (fs.

120/126), concedido a fs. 156.

En dicha presentación, el recurrente se limita a manifestar

su disconformidad con la interpretación de la sentencia

en punto a la dimensión colectiva del interés invocado por el

amparista, y nada dice en defensa de la constitucionalidad de

las normas en debate. Esta cuestión, por lo tanto, ha quedado

excluida de la jurisdicción apelada del Tribunal.

61) Que, de acuerdo con lo argumentado por la demandada,

la cámara realizó una errónea interpretación del art. 43

de la Constitución Nacional, en tanto el carácter colectivo de

un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una sentencia de

alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo ni

una asociación protectora de los derechos de los usuarios y

consumidores. Según su punto de vista, el resultado del pleito

sólo podría aplicarse al caso del afectado en particular y "bajo

ningún punto de vista puede hacerse extensivo a la sociedad

toda".

71) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho

que sus sentencias producen efectos solamente respecto de

quienes han revestido el carácter de partes en el juicio y no

pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido

ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas “considerando 18

del voto del juez Petracchi”), tal aseveración reviste el carácter

de principio general. En efecto, cuando la naturaleza de

la pretensión invocada impide, fáctica o jurídicamente, restringir

el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en

el juicio, dicha regla debe ceder. De otro modo, la tutela de

derechos reclamada no podría hacerse efectiva y se vulneraría el

principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf.

Fallos: 322:3008, esp. considerandos 12 y 13 de la disidencia

del juez Petracchi, y sus citas).

81) Que en este sentido no puede perderse de vista el

carácter invocado por el actor para demandar, toda vez que la

condición de ciudadano alegada resulta determinante en orden a

la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la que

se arribó en autos. Ello es así, en la medida en que el actor,

en tal carácter, integra el pueblo, en cuanto sustancia del

Estado, basamento humano de la sociedad política. Se trata del

"pueblo" en los términos del art. 11 de la Constitución Nacional,

esto es, "no [Y] como formación natural, ni cultural ni

espiritual, sino como pueblo del Estado [Y] (Fallos: 312:2110,

voto del juez Fayt). No es el pueblo en el Estado, es decir, la

población, la masa de habitantes, sino [Y] [aquellos] para

quienes 'el ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente

en una decisión de deber ser' y que 'participan,

pues, con actividad consciente, en la conservación y formación

del Estado' (Heller, Hermann, Teoría del Estado, 30 ed., F.C.E.,

México, 1955)" (Fallos: 317:711, disidencia del juez Fayt).

Se trata, en definitiva, de la noción de pueblo políticamente

integrado a partir de una unidad, ya sea étnica, histórica o cultural.

Luego, a ello ha de agregarse la dimensión

comunicacional tal como se manifiesta en el contexto actual del

nuevo orden mundial, determinado por la revolución tecnológica y

la globalización. Ambos aspectos, en cuanto fenómenos transformadores

del marco que le era propio a las comunicaciones, son

aspectos de los que no puede prescindirse para una adecuada

decisión del caso.

En ese contexto, el actor se encuentra inmerso en una

realidad social, esto es, en una unidad de naturaleza, y cultura,

condicionada más que nunca por la total conexión a la que

hacía referencia Hermann Heller ( Teoría del Estado, 20 ed.,

F.C.E., México, 1947, p. 93). Ello es así en el entendimiento de

que, en definitiva, esa realidad social no es sino acción

social, tanto individual como colectiva, en unidad dialéctica

inseparable que, por lo tanto, no puede ser construida partiendo

de individualidades insularmente separadas. Por el contrario, en

ese marco, el sujeto es el centro de vivencias y actos de la

realidad social; ello, no sin comunicación con el exterior sino

sólo en su reciprocidad con otros sujetos, "de tal suerte que el

yo no puede concebirse sin su correlato [Y] en recíproca

motivación" (Heller, Hermann, ob. cit., ps. 100 y ss.).

En tales circunstancias, toda acción individual del

hombre no produce sino "una conexión y con sentido". Ello es

así, en la medida en que un acto en particular, de tal suerte

condicionado, no da lugar a un simple agregado de formaciones

individuales en relación entre sí, sino que produce un todo

coherente y ordenado (Heller, Hermann, ob. cit., p. 103).

Luego, aun cuando de todas las acciones particulares

que a diario se ejecutan en incesante repetición sólo percibimos

una relación concreta entre dos personas, resulta innegable la

recíproca interpenetración en razón de la cual todos esos actos

trabajan, aunque inconscientemente, por una unidad ordenada de

acción social. De resultas de ello, el individuo no puede ser

aislado ni puede ser considerado como una "sustancia", pues

"sólo en intercambio con otros se hace individuo humano"

(Heller, Hermann, ob. cit., p. 112 y ss.)

91) Que, en el caso específico de autos, es evidente

que estas circunstancias se ponen de manifiesto de forma indubitable,

en la medida en que el contexto de las telecomunicaciones

opera como un escenario singular en el que cada individuo

del grupo deviene portador de una mediación social que se

expande en todas las direcciones. Se produce así, más que nunca

en toda la historia, aquel enlace simultáneo por el que, finalmente,

cada uno se halla unido con los demás por una conexión,

aun cuando ésta no siempre es necesariamente consciente (Heller,

Hermann, ob. cit., p. 113).

10) Que, en este sentido, resulta incomprensible la

pretensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo

decidido en la presente causa se limiten al amparista, pues

sostiene "no existe ninguna imposibilidad de excluirlo a él de

la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se

deba aplicar la normativa general". En efecto, tal afirmación

prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión.

Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista, puede ser

concebida como un bien propio de cada individuo en particular,

no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un

cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en

particular. Por el contrario, lo que entra en juego es el

derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones.

Ello, por definición, presupone la interacción con otros

interlocutores, cuya ausencia de protección por ser ajenos al

juicio derivaría, necesariamente, en el fracaso de la

protección al amparista mismo.

Desde este punto de vista, la necesidad de protección

invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad.

En consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente

razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible

satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia

a la privacidad de terceros ajenos al pleito, pero potenciales

interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias

en su fundamentación de entidad suficiente como para

impedir su procedencia.

11) Que, por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos

relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de

la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la

privacidad pretendida, no se advierte relación directa e

inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación

restrictiva de los alcances del art. 43 de la Constitución

Nacional, propuesta por la recurrente (conf., entre muchos

otros, Fallos: 329:2060, 4535, 330:4399).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara

improcedente el recurso extraordinario. Sin costas en atención a

la naturaleza de la cuestión debatida. Hágase saber, y oportunamente,

devuélvase. CARLOS S. FAYT.

ES COPIA

 

Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, representado por la Dra.

Mariana Tamara Saulquin.

Traslado contestado por el Dr. Ernesto Halabi (por derecho propio).

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo

Federal, Sala II.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Contencioso Administrativo Federal N ° 10.