ROCA MAGDALENA

R. 13. XXVIII.

ORIGINARIO

Roca, Magdalena c/ Buenos Aires,

Provincia de s/ inconstitucionalidad.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1995.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 50/66 Magdalena Roca, en su

carácter de ciudadana argentina, educadora ambiental y

asesora de empresas en temas ecológicos, inicia demanda

contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se declare

la inconstitucionalidad de la ley provincial 11.366, por

medio de la cual la demandada homologó un convenio

celebrado entre el entonces gobernador de la Provincia y la

empresa "Corporación Defensa Costera -Codeco-", con el fin

de que se construyese una muralla de 30 kilómetros sobre el

Río de la Plata desde el arroyo Sarandí hasta la divisoria

de los Partidos de Berazategui y Ensenada. Dicha

construcción, según se expresa, tiene el propósito de

recuperar y sanear dicha fracción de tierra y preservarla

de las sudestadas.

Según sostiene, la medida ha sido adoptada a

pesar de los informes negativos de organismos oficiales y

colegiados, los que se manifestaron en contra del proyecto

en virtud del impacto ambiental que originaría.

Asimismo denuncia que la ley local, cuya

inconstitucionalidad propone, vulnera el "Tratado del Río

de la Plata y su frente marítimo", celebrado con la

República Oriental del Uruguay y ratificado por nuestro

país por la ley nacional 20.645, en tanto altera y modifica

los límites de la costa argentina, y viola los artículos 17

y 21 del referido acuerdo internacional que prevén la

necesaria participación de una "Comisión Administradora" en

los casos en que una de

-//-

-//- las partes "proyecte la construcción de nuevos canales,

la modificación o alteración significativa de los ya existentes

o la realización de cualquier otra obra...".

2°) Que el presente no corresponde a la competencia

originaria de esta Corte, prevista en los artículos 116 y 117

de la Constitución Nacional.

3°) Que en hipótesis como la del sub lite, enlas

que se pone en tela de juicio cuestiones concernientes al

derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la

instancia originaria de este Tribunal, ya que el respeto de

las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus

jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo

sustancial, versan sobre aspectos propios del derecho provincial,

dictado en uso de las facultades reservadas de las

provincias (artículos 121, 122 y 124 de la actual Constitución

Nacional).

4°) Que resulta propicio recordar que la materia y

las personas constituyen dos categorías distintas de casos

cuyo conocimiento atribuye la Constitución Nacional a la

justicia federal. En uno u otro supuesto dicha jurisdicción

no responde a un mismo concepto o fundamento. En el primero

lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal

en las causas relacionadas con la Constitución, tratados

y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo

y jurisdicción marítima. En el segundo procura asegurar,

esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía

nacional y las buenas relaciones con los países extranjeros

(artículos 116, 117 y 127 de la Constitución Nacional;

-//-

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Roca, Magdalena c/ Buenos Aires,

Provincia de s/ inconstitucionalidad.

-//-confr. Fallos: 311:489).

5°) Que el hecho de que la actora sostenga que la

ley provincial 11.366 es inconstitucional en tanto vulnera

el "Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo", no

funda la competencia originaria de este Tribunal en razón

de la materia, pues esta jurisdicción procede tan sólo

cuando la acción entablada se basa "directa y

exclusivamente" en prescripciones constitucionales de

carácter nacional, ley del congreso o tratados, de tal

suerte que la cuestión federal sea la predominante en la

causa (Fallos: 97:177; 183: 160; 271:244 y sus citas), pero

no cuando, como sucede en la especie, se incluyen temas de

índole local y de competencia de los poderes locales

(Fallos: 240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 291:232;

292:625) como son los concercientes a la protección

ambiental.

Son los jueces provinciales quienes deben

expedirse al respecto, ya que es imposible examinar el

planteo efectuado sin pronunciarse sobre cada una de las

disposiciones en virtud de las cuales el poder legislativo

provincial aprobó el acuerdo al que se hace referencia

(arg. Fallos: 122: 242; 306:1310; 311:1588).

6°) Que a pesar del intento efectuado por la

actora para justificar la jurisdicción originaria de esta

Corte, sobre la base de la cuestión federal que propone,

resulta claro que no es ésa la predominante en la causa,

sino la ambiental que en forma extensa desarrolla en los

capítulos 3 y siguientes del escrito inicial. En efecto, es

la misma interesada la que expone que el objetivo para

interponer esta ac

-//-

-//- ción no es otro que "el imperio de la ley, y dentro de

ella la defensa de la vida, su orden natural y su evolución

constante que siendo universales y absolutos no admitenser

transgredidos a voluntad de intereses sectarios" (ver fs. 51

vta.); para más adelante agregar que "se han comenzado a

cometer y se cometerán, severas alteraciones sustanciales del

ecosistema imperante en la Ribera Bonaerense y demás zonas

lindantes y confluentes, que conforme se describirá en más,

burlan elementales derechos de los conciudadanos que viven y

pululan en la zona demarcada por el plan a desarrollar por el

proyecto aprobado por la ley 11.366" (fs. 51 vta. quinto

párrafo).

7°) Que ello trae aparejado que sean las autoridades

administrativas y judiciales del Estado de la Provincia

de Buenos Aires las encargadas de valorar si la obra proyectada

afecta aspectos tan propios del derecho provincial, como

lo es todo lo concerniente a la protección del medio ambiente.

En efecto, corresponde reconocer en las autoridades

locales la facultad de aplicar los criterios de protección

ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la

comunidad para la que gobiernan, como asimismo valorar y juzgar

si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio

de poderes propios, afectan el bienestar perseguido.

Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución, la

que, si bien establece que le cabe a la Nación "dictar las

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección",

reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la

materia, las que no pueden ser alteradas (artículo 41, tercer

párrafo, Constitución Nacional).

-//-

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Roca, Magdalena c/ Buenos Aires,

Provincia de s/ inconstitucionalidad.

-//- 8°) Que la solución propuesta tiene respaldo en

el respeto de las autonomías provinciales, el que requiere

que se reserve a sus jueces las causas que en lo sustancial

del litigio versan sobre aspectos propios de la

jurisdicción local; sin perjuicio, claro está, de que las

cuestiones federales que también puedan comprender estos

pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por vía del

recurso extraordinario (Fallos: 180:87; 255:256; 258:116;

259:343; 283:429, entre otros).

9°) Que, si por la vía intentada, se le

reconociera a la jurisdicción originaria de esta Corte la

extensión que se le atribuye, la justicia nacional habría

realizado por su facultad de examen y el imperio de sus

decisiones, la absorción completa de los atributos

primordiales del gobierno de los estados (arg. Fallos:

141:271).

10) Que tampoco surge en el caso la competencia

en razón de las personas, ya que, -más allá de la dudosa

legitimación que invoca la actora y que ella misma pone en

tela de juicio (ver fs. 51 tercer párrafo)- este Tribunal

"interpretando la Constitución Nacional...ha respetado el

admirable sistema representativo federal que es la base de

nuestro gobierno, pues si bien ha hecho justiciable a las

provincias ante la Nación en los casos en que por tratarse

de un extranjero, o de un vecino de otra provincia, es

necesario, por imperio de la jurisdicción nacional,

eliminar la más lejana sospecha de parcialidad o de afectar

las relaciones exteriores conforme a los enunciados del

preámbulo, jamás ha descui

-//-

-//- dado la esencial autonomía y dignidad de las entidades

políticas por cuya voluntad y elección se reunieron los constituyentes

argentinos, y cuyas facultades están claramente

consignadas en los arts. 67, inc. 11 y 104 y sgtes. de la

Carta Fundamental de la República. Si, so capa de un derecho

lesionado, o no suficientemente tutelado o garantido, la Corte

pudiera traer a juicio a sus estrados, a todos los actos

administrativos, legislativos o judiciales de las provincias,

sería el régimen unitario el imperante y no el federal que

menciona el artículo 1°" (arg. Fallos: 236:559).

11) Que, en su caso, el artículo 14 de la ley 48

consolidará la verdadera extensión de la jurisdicción provincial

y preservará el singular carácter de la intervención de

este Tribunal, reservada para después de agotada la instancia

local (arg. Fallos: 311:2478).

Por ello y oido la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en

instancia originaria. Notifíquese. EDUARDO MOLINE O'CONNOR -

CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI - GUSTAVO A. BOSSERT.

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