RIACHUELO: MULTAN AL SECRETARIO DE AMBIENTE

La Justicia multó al secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, por incumplir órdenes judiciales orientadas a ejecutar el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo.

Las multas se han dado en el marco de la causa “Mendoza Beatriz” conocida como causa Riachuelo. Esta causa ha sido iniciada por una serie de vecinos que viven en la cuenca, en la que se demanda a varias empresas instaladas en dicho espacio, así como al Estado nacional al de la Provincia de Buenos Aires así como a la ciudad de Buenos Aires. Luego la demanda se extendió a los municipios con asiento en el ámbito de la cuenca.

La causa recorrió varios pasos en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre otros, el alto tribunal aceptó su competencia originaria en la pretensión colectiva por resolución del 20/06/2006, luego convocó a una serie de audiencias públicas, dictámenes de un comité pericial encargado a la Universidad de Buenos Aires, contestaciones de cuestionarios, y demás alternativas que se pueden consultar en el link específico de nuestro sitio web o en http://www.cij.gov.ar/inicio.html o en www.espacioriachuelo.org.ar, www.farn.org.ar entre otros.

Finalmente la causa tuvo sentencia respecto al trámite de la “recomposición y prevención de daños al ambiente” el 8/7/2008. Allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que “la recomposición y prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces”. Decía en aquella sentencia que ella resolvía “de modo definitivo la específica pretensión sobre recomposición y prevención que ha tramitado por medio de este proceso urgente y autónomo”. Apuntaba que “el objeto decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la administración. De tal modo, el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a cabo. Asimismo, dado el carácter definitivo de esta sentencia, el proceso de ejecución debe ser delegado en un juzgado federal de primera instancia, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento”.

Ya en aquella resolución la Corte disponía “que la autoridad obligada a la ejecución del programa, que asumirá las responsabilidades ante todo incumplimiento o demora en ejecutar los objetivos que se precisarán, es la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168. Ello, sin perjuicio de mantener intacta en cabeza del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad que primariamente les corresponde en función del asentamiento territorial de la cuenca hídrica y de las obligaciones impuestas en materia ambiental por disposiciones específicas de la Constitución Nacional recordadas por esta Corte desde su primera intervención en el mentado pronunciamiento del 20 de junio de 2006, como así también de las normas superiores de carácter local del estado bonaerense y de la ciudad autónoma demandada”.
Luego daba una serie de pautas que debería tener el plan que se había omitido dar en su momento, no sin criticar el que en el marco de la causa la secretaria Picolotti había presentado. Decía al respecto “Con relación al plan integral para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo presentado por la parte demandada se han realizado audiencias y dictámenes que evidencian deficiencias que este Tribunal debe tener en cuenta. De todo ese proceso, descripto en los considerandos anteriores, surge que existen importantes diferencias entre las distintas versiones presentadas, y que en muchos aspectos no hay una elaboración actualizada sino una reedición de documentos que existían con anterioridad y que datan de varios años. También han existido dificultades para conocer datos objetivos, públicos y mensurables sobre las distintas situaciones existentes, lo cual ha sido agravado por la dispersión de las fuentes de información y la falta de una terminología homogénea. Por otro lado, la eficacia en la implementación requiere de un programa que fije un comportamiento definido con precisión técnica, la identificación de un sujeto obligado al cumplimiento, la existencia de índices objetivos que permitan el control periódico de sus resultados y una amplia participación en el control”.

Así llegamos a los contenidos que dispone la Corte en dicha resolución debería contener el plan. Para cada uno de ellos, se establecen plazos de cumplimiento y además ya en aquél momento se advierte que estos tiempos se fijan bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de la aplicación de multas por el Juzgado de Ejecución de sentencia. Concretamente, se repite en varias oportunidades de la sentencia, en los finales de cada acápite “El incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca”.

La ejecución de la sentencia que controlaría el Plan Integral de Saneamiento de la cuenca objeto de sentencia fue delegada por la Corte en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella. Recientemente, luego de idas y venidas, y a pedido del Juzgado de Quilmes la Corte dictó una resolución del 10/08/2010 en lo que hemos entendido era una especie de “paraguas” sobre el cual el Alto Tribunal daba pautas para que el Juzgado de primera instancia actuara en el marco de la ejecución. Decía ese resolutorio: “Que transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia”.

En sus órdenes al Juzgado de ejecución, la Corte fue clara: “Que, en particular, se encomienda que, en forma inmediata y bajo apercibimiento de las sanciones ya previstas para el caso de incumplimiento, ordene: I. A la autoridad de Cuenca: 1. La instrumentación de un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos, etc. actualizados (considerandos 17, punto II del pronunciamiento antes referido). 2. La adopción de algunos de los sistemas internacionales de medición disponibles incluyéndose la realización de auditorías técnicas de control (considerando 17, punto I, último párrafo de la sentencia citada), con el objeto de dar confiabilidad a la información provista por la Autoridad de Cuenca. 3. La explicación de las razones por las cuales no se dio cumplimiento a los mandatos establecidos en la sentencia (respecto a la contaminación de origen industrial, al saneamiento de basurales, a la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y al Plan Sanitario de Emergencia, considerando 17 puntos III, IV, VI, VII, VIII Y IX), identificando con precisión las causas y los funcionarios involucrados. Que todas estas medidas deberán ser puestas en ejercicio por el juez delegado para la ejecución de la sentencia, investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados”.

Hoy la resolución que reproducimos completa debajo trata justamente del pasó siguiente a este, pero ahora dado en el ámbito del Juzgado de Ejecución de sentencia de Quilmes, donde ante en “injustificado incumplimiento” el Juez Armella decide aplicar en forma inmediata una serie de multas.

Concretamente dice Armella que resuelve: “I.- Aplicar en forma inmediata sanción de multa por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000) en la persona del Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, por cada día de incumplimiento de la orden que fuera impartida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del pasado 08-07-08 ya citada, respecto del objetivo denominado “Sistema Internacional de Medición” (previsto en el Considerando 17°, punto I, último parte, del citado fallo) la cual deberá ser abonada de su propio peculio, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento”. Idéntica cifra "respecto del objetivo denominado Información Pública, respecto del objetivo denominado Contaminación de Origen Industrial y respecto del objetivo denominado Saneamiento de Basurales.

En consecuencia, el magistrado dispuso que a partir de mañana, miércoles, el funcionario pague 4.000 pesos diarios hasta tanto inicie la ejecución de las órdenes judiciales para la limpieza del Riachuelo. La sanción para Bibiloni, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), es de 1.000 pesos por día por cada uno de los cuatro objetivos que a juicio de Armella el funcionario incumplió.

Pero no sólo Bibiloni aparece indicado en la resolución. Además, el magistrado intimó a los demás miembros del Consejo Directivo de Acumar, integrado por funcionarios del Estado nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, a iniciar en 10 días las tareas para dar cumplimiento a esos objetivos so pena de recibir multas iguales a la impuesta a Bibiloni.

Pero respecto al punto saneamiento de basurales, Armella fue más amplio aún. Dice la resolución al respecto que “Asimismo requiérase a los Sres. representantes de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo); al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cdor. Diego César Santilli; al Sr. Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Alberto Pérez; a los Sres. Intendentes de los  partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza , Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente; y al Sr. Presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) Raúl Felipe de Elizalde, que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la presente, den estricto cumplimiento con el objetivo en tratamiento, conforme lo esbozado en el Considerando 8° de la presente, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa prevista por la CSJN por un monto de PESOS UN MIL ($ 1.000) diarios, las cuales deberán ser abonadas de sus propios peculios, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento”.

En cuanto a “Expansión de la red de agua potable”, “Desagües pluviales”, “Saneamiento cloacal” y “Plan Sanitario de Emergencia” se requiere al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), y a todos los funcionarios involucrados, que en lo sucesivo deberán intensificar en forma notoria las acciones que vienen desarrollando y que sean tendientes a la concreción de los objetivos mencionados, conforme lo esbozado en los Considerándos 9° a 11° de la presente, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista por la CSJN”. Respecto a estos aspecto pareciera entenderse que el escrutinio del magistrado no ha arrojado como resultado el incumplimiento manifiesto de los mandatos de la resolución que él está encargado de ejecutar.

Pero no sólo la resolución se encarga de multas y requerimientos para “intensificar en forma notoria las acciones que se vienen desarrollando”. También Armella le requiere “al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), al Sr. Director Provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloaca, Ing. Flavio Seiano, y al Sr. Presidente de la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) Dr. Guillermo Scarcella, que dentro del término de quince (15) días contados a partir de la presente, den estricto cumplimiento a los mandatos establecidos para los objetivos Expansión de la red de agua potable y Saneamiento cloacal (previstos en el Considerando 17°, puntos VI y VIII, del fallo en ejecución), en el ámbito de la Cuenca Alta –partidos de Cañuelas, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente, y General Las Heras- y del partido de Merlo. A esos efectos deberán presentar cronograma que contenga fecha de inicio y finalización de cada obra, con detalles presupuestarios, montos y financiación; cantidad de habitantes beneficiados por dichas obras, y toda información de interés, conforme lo esbozado en el Considerando 9° de la presente. Ello, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa prevista por la CSJN por un monto de PESOS UN MIL ($ 1.000) diarios, las cuales deberán ser abonadas de sus propios peculios, hasta tanto se dé su inmediato y eficaz cumplimiento.-

Pero no sólo esto. Además hay una advertencia respecto a las autoridades que componen la ACUMAR -Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires- para que no interfieran con las actividades que la ACUMAR lleva adelante en el ámbito de la cuenca, las que deberán coordinarse en ese ámbito específico por las tres jurisdicciones. Dice el considerando 6 “Que por otra parte, y conforme los criterios sentados por el Suscripto en su resolución de fecha 22-05-09, la ACUMAR resulta ser un ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee competencias y facultades superiores a la de los estados que la conforman, ello en virtud del contenido de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Carta Magna, como así las leyes federales dictadas en congruencia, y los distintos acuerdos y normativas locales que los estados intervinientes han sancionado (art. 41 de la Constitución Nacional , Ley General del Ambiente N° 25.675, Ley de Creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo N° 26.168, Ley 13.642 de la Provincia de Buenos Aires y Ley N° 2217 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), debiendo establecerse su articulación y armonización con las competencias locales, trasuntando ello en la efectividad del derecho ambiental frente a la situación de vulnerabilidad ecológica y urgencia en la que se encuentra inmersa el río Matanza-Riachuelo; y teniendo en cuenta que su órgano directivo está conformado por las jurisdicciones locales, resultando así asegurado un manejo controlado y equilibrado de su gobierno. (…) Consecuentemente, corresponde requerir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, a través de sus organismos de control, se abstengan de realizar intromisiones que entorpezcan la labor de dicha autoridad, interfiriendo en su legal competencia, tendiendo a evitar con ello la duplicidad de actividades, que implica no sólo un inútil dispendio de recursos administrativos, sino también contradicciones, colisiones y obstaculizaciones en las actuaciones llevadas a cabo”. Como consecuencia de esto, Armella “X.- Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, Don Darío José González Ceuninck, al Sr. Director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, Don José Manuel Molina y al Sr. Titular de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Biol. Javier Francisco Corcuera Quiroga, se abstengan de intervenir en la legal competencia que posee la ACUMAR , conforme lo esbozado en el Considerando 6° de la presente resolución, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista por la CSJN”.

Finalmente, para concluir la resolución, se otorga “al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para efectivizar el deposito de las sanciones de multas impuestas en la presente, y en caso de no acreditarse ello debidamente en autos, fórmese actuaciones por la posible comisión de delito de acción pública, y requiérase a los organismos correspondientes, la certificación de ingresos que por su función percibe -en todo concepto-, como así también su declaración jurada de bienes, a los efectos de efectuar los embargos de ley que pudieran corresponder. A tal fin, procédase a la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Nación Argentina , Sucursal Quilmes, como perteneciente a estos autos y a nombre del Juzgado, a cuyos efectos líbrese oficio”.

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